AFI macrista: nueva denuncia por compras irregulares

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó esta mañana una denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se investigue la responsabilidad de ex autoridades del organismo en graves irregularidades vinculadas a compras y contrataciones, que implicaron un perjuicio económico de 3.088.944 de pesos y  657.751 de dólares. 

El sorteo realizado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal asignó la causa al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Luis Rodríguez, quien actuará junto a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, cuya titular es la fiscal Alejandra Mángano. 

“Esta suma exorbitante egresó de las arcas de la Administración Pública ilegítimamente, sin ningún criterio de necesidad, urgencia, razonabilidad ni trasparencia en las contrataciones de bienes y servicios, sin cumplir con las normas que regulan las compras del Estado, ni justificar las excepciones de carácter restrictivo de contratación directa y además situada en el marco de una crisis económica en la que la propia administración sumergía a nuestro país”, señala la presentación.

 Los cuatro hechos denunciados se ejecutaron en el marco de la vigencia del Decreto 656 dictado en mayo de 2016, que estableció el carácter secreto del presupuesto de las erogaciones efectuadas por la Agencia. Tal como sucedió con la denuncia penal realizada días atrás, los presuntos ilícitos puestos ahora en conocimiento de la justicia salieron a la luz en virtud del control realizado por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Federal de Inteligencia que analiza las compras y contrataciones de la AFI.

En el primer caso, se detectó que, a través del mecanismo de contratación directa, la adquisición de equipamiento tendiente a dotar de elementos técnicos a un Laboratorio de Informática Forense de la Agencia –objetivo presuntamente fundado en la necesidad de efectuar una pericia informática ordenada en el marco de una causa judicial que tramitaba ante el Juzgado Federal N°6, Secretaría N°12–, si bien nunca se halló documentación que acredite el correspondiente oficio que solicitaría el peritaje.

La denuncia indica que no se encuentra acreditado el uso del laboratorio en cuestión. Sin embargo, la Agencia pagó un total de $2.260.000 y U$S 64.505. “La pericia referida, si es que realmente existió, la podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la justicia, tal como ocurre en la práctica”, agrega el escrito

.Otro de los hechos bajo análisis tuvo como epicentro la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos que se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, del 27 al 29 de septiembre de 2017. Con motivo del evento, se realizaron contrataciones –-desde arreglos florales, pasajes aéreos y terrestres a una agencia privada, accesorios de librería y regalos protocolares, entre otros– en abierta transgresión a los principios de legalidad y promoción de la competencia, eligiéndose ilegítimamente en la mayoría de los casos en forma directa a los proveedores por cada rubro, sin justificación alguna, y en ciertas ocasiones pagando dos veces el mismo servicio.

 En ese sentido, la denuncia pone de relieve una erogación “directa y desproporcionada” de U$S 157.563,93 para la contratación de habitaciones, en su mayoría de “categoría superior”, en el “Hotel Llao Llao”. 

En definitiva, el evento implicó un desembolso total de 157.563,93 de dólares y 828.555 de pesos.  También, pide que se investigue la contratación directa con una firma de México para la realización de un programa de entrenamiento en poligrafía para 12 profesionales. La operación, con un único oferente por la suma total de U$S 50.000, tiene la particularidad de que la solicitud de compra que da inicio a toda contratación fue emitida 18 días después de la orden de compra, es decir, primero se efectuó la adquisición y luego se confeccionó el acto administrativo que la propone, “inversamente a lo que sucede en el tiempo y violando manifiestamente la ley”. 

Cabe recordar que a poco de asumir, la interventora Cristina Caamaño dispuso la prohibición del uso de de los polígrafos, práctica que la anterior gestión utilizaba con empleados y empleadas, sin ningún tipo de justificación y en vulneración de derechos básicos. Entre los hechos denunciados, se encuentra también la adquisición, en 2016, de equipamiento para la red de comunicaciones de la Agencia. 

La presentación señala que en el expediente de contratación directa confeccionado al efecto surge que inicialmente se presentaron tres empresas oferentes que cotizaron en moneda nacional, y que luego, sin mediar motivos para su reiteración, la Dirección de Servicios y Soporte Técnico expresó que se realicen nuevas cotizaciones, pero ahora en dólares.

 Finalmente, se realizaron dos órdenes de compra a la firma “Corporate Corp S.A”, por U$S 42.291,93 y U$S 343.392,39, respectivamente. “Ningún acto cumplió con las normas de contratación, como tampoco se consigue apreciar, por más esfuerzo, una utilización racional de los recursos públicos mediante la elección de la oferta más conveniente”, concluye la denuncia.

La presentación encuadra los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles, en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público. Además de requerir un conjunto de medidas de prueba, solicita que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria al ex director General Gustavo Arribas; a la ex subdirectora General Silvia Majdalani, y a los ex directores de Gestión Económica y Financiera, de Servicios y Soporte Técnico, de Ciberinteligencia, de Tecnología de la Información, de Inteligencia Exterior, de Análisis, y al ex presidente Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

Fuente: Página 12.