Se reunió la comisión de Legislación General para tratar el proyecto del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa por el que solicitan la sustitución de la NJF N° 1007 – Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Provincial. Con la presencia vía Zoom de integrantes del Colegio de Abogados, se analizó dicha propuesta.
Santiago Coll, representante de la comisión que trabajó en el anteproyecto, explicó: “Esto nació en el 2018 por iniciativa del Colegio de Abogados, en procura de buscar una actualización de la norma, ya que nuestra ley provincial tiene una vigencia de muchas décadas. Es inevitable la necesidad de que los abogados tengamos una ley acorde a la realidad social y económica que atraviesa el país”.
En este sentido, desarrolló la idea: “El objetivo primordial es brindar a los abogados seguridad jurídica. El hecho de que esta ley haya estado en vigencia tanto tiempo ha generado que algunas normas hayan caído en desuso. El abogado hoy en día no tiene parámetros de determinación de sus honorarios. Entonces esa seguridad jurídica es lo que buscamos. Igualmente se han mantenido muchas normas de la ley que queremos modificar”, dijo Coll ante los diputados presentes.
“Lo que buscamos, entonces, es dar seguridad jurídica en el honorario. Claridad a la hora en que el juez tenga que determinar esos honorarios. También, los honorarios deben estar siempre fundados, es decir, que tiene que haber una valoración del juez cuando los determina”, señaló.
Para completar, el ex presidente del Colegio de Abogados, Pablo Rodríguez Salto, expresó: “La mayor necesidad que lleva a plantear este proyecto es el hecho de que hoy no tengamos parámetros que proteja el valor de los honorarios ante el paso del tiempo”.
Asimismo, en la reunión se advirtió que otras de las modificaciones que plantea la iniciativa tienen que ver con actualizaciones cuyo fin es el de incorporar regulaciones en procedimientos que hoy no tienen normas específicas. Por ejemplo -explicó Rodríguez Salto- en el derecho de familia, que, “pese a que hoy sea uno de los ámbitos de mayor conflictividad, los parámetros sólo se aplican para aquellos casos que tienen contenido económico. Esto provoca que a la gente le cueste conseguir un abogado que atienda cuestiones de familia porque el abogado no tiene el incentivo ni la certeza de que después va a cobrar”.
También, Rodríguez Salto señaló que “esto no es algo novedoso, sino que se está haciendo en el resto de las provincias, porque es necesario”.
“Además en el proyecto no sólo se contemplan los intereses de los abogados, sino también los intereses de los clientes. La ley no contiene cuestiones de privilegios a los abogados. Se ha hecho una justa comparación del derecho de los abogados y de las personas. Esta norma no tiene cuestiones oscuras, porque se ha tratado de proteger a la gente”, cerró Rodríguez Salto en su exposición.
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