El fiscal federal Carlos Rivolo pidió este lunes enviar a juicio a los diez procesados por «daño agravado» y «resistencia a funcionarios públicos» en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado cuando el Parlamento debatía el aval al acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fiscalía entendió que los hechos investigados excedieron el derecho a la protesta y «ameritan reproche en sede penal». Entonces, dio por concluida la investigación y solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que envíe el caso a sorteo de un Tribunal oral.
La Presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, es querellante en esta causa, a partir de que el despacho de la Vicepresidenta en la Cámara alta fue blanco de piedrazos e impactos de pintura, en un atentado que también causó destrozos en el interior de esa oficina.
«La agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores» expresó en su momento la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación, y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, «recién pudieron ser evitados a partir de las 15:21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional», había detallado Peñafort.
En la causa que tramita ante el fuero federal se investiga el ataque al Congreso bajo el supuesto de que el objetivo de la pedrada pudo haber sido el de interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado (el Legislativo).
Varios de los diez acusados habían sido procesados por Capuchetti en abril último, por intimidación pública y daño calificado, en una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal porteña.
En tanto, el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Norberto Circo, tramita otro expediente en el que se investiga lo que ocurrió fuera del Congreso, pero bajo el prisma de los daños provocados al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos con la policía porteña.
Fuente: Página 12.
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