El texto del documento emitido en las últimas horas es el siguiente: El asesinato de un niño de cinco años en Santa Rosa, La Pampa, renueva para las y los periodistas el desafío de una cobertura muy compleja, ya que demanda el conocimiento de las normas que se aplican al hecho y a la investigación en curso.
Esas normas establecen el reconocimiento del derecho de la familia a estar preservada de la presión social que cualquier crimen, pero en especial el que tiene como víctima a un niño, puede desencadenar. Asimismo, disponen el cuidado de la intimidad y el honor del niño, su imagen y su historia personal, y la de quienes lo rodeaban.
Por lo tanto, es necesario que las y los comunicadores se pregunten sobre cuánto contribuye al interés y al bienestar público la difusión de circunstancias que están en el ámbito familiar y privado, además de que no ayudan e incluso pueden obstaculizar la investigación y el esclarecimiento del asesinato.
Establecer fehacientemente los factores que impulsan a una persona a cometer un crimen es siempre una tarea que exige conocimiento científico y métodos de investigación avanzados. Especulaciones y suposiciones al respecto suelen inducir a errores y, si son difundidas por medios de comunicación, estimulan en amplias porciones de la opinión pública ideas por completo equivocadas. No hay evidencia científica alguna que indique que una preferencia, identidad o percepción de género de una persona pueda ser un factor precipitante de acciones agresivas o criminales, porque esto depende de otros factores.
La familia, las y los allegados a la víctima, están bajo estado de conmoción y por lo tanto con dificultades específicas para establecer cómo fueron los hechos y proponer cómo deben ser enfrentados, y qué castigos corresponden una vez que se establezcan responsabilidades. La solidaridad que despiertan su dolor y su angustia no debe ser manipulada con fines de ninguna clase, sea para impactar a las audiencias, sea para generar reacciones sociales o acciones político-partidarias.
El respeto a la memoria de la víctima, a su dignidad e intimidad, y la de su familia, es lo primero que se pone en riesgo en estos casos, y no puede ser soslayado. El derecho a informar y a estar informado se practica sin violar otros derechos, individuales y colectivos.
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