«Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público», indicó el partido en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos. La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de hipócritas.
El comunicado se tituló «Decimos no a la violencia institucional» y, por su redacción, pone al partido de derecha en el mismo discurso que diversas organizaciones de derechos humanos que, a diferencia de ese espacio, denunciaron de manera consecuente la violencia policial e institucional a lo largo de las últimas décadas.
En el comunicado del PRO, indican que «la aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán luego abandonado en Catamarca, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la comunidad qom en Chaco exigen la más rigurosa investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que den cuenta de sus actos».
Un poco tardío, el reconocimiento del PRO de las situaciones que viven los pueblos originarios en la Argentina llega después de que, por cuatro años, los criminalizaran, sindicando a mapuches como integrantes de una fantasmagórica agrupación (la RAM). Bullrich, de hecho, está imputada en una causa por espiar y reprimir a los mapuches.
«No vamos a permitir que amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio se violen los derechos humanos de los argentinos y mucho menos seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma. Los gobiernos provinciales son responsables, deben expresarse y actuar en consecuencias», indicaron sobre las víctimas que fueron violentadas en provincias gobernadas por el peronismo.
«El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice. Los argentinos queremos vivir en paz y seguridad. Queremos sentirnos cuidados», afirmaron. Además de Avruj, el comunicado lo firman los responsables del PRO de las distintas provincias aludidas.
No estampó su firma, en este caso, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aunque el comunciado fue difundido por todas las vías institucionales del partido. Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich se aseguró del justificar cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero. Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese «no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura». Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un termino que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
También Bullrich defendió a la Gendarmería cuando disparó contra una murga en la villa de Bajo Flores, de la que participaban niños y donde hubo, al menos, diez heridos. «Vamos a defender a todos los efectivos, no dejaremos que los ataquen con tanta impunidad», dijo en ese momento. Más adelante, aprobó un protocolo para el uso de armas letales que permitía que se disparara a una persona que huye.
Con todos estos antecedentes, no fue extraño que en las redes el comunicado del PRO fuera calificado de «hipócrita» y se recordaran también las represiones cuando se votó la rebaja al incremento de jubilaciones a fines de 2017. Otros, en cambio, prefirieron saludar el ingreso del PRO a los partidos que repudian la violencia institucional, luego de que su ex presidente hablara del «curro de los derechos humanos».
Estas incongruencias de sus aliados tampoco amilanaron al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien salió a sugerirle al presidente Alberto Fernández que eche a su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, “por la inacción de la Secretaria de Derechos Humanos ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco”. «No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos», aseguró Negri.
Fuente: Página 12,
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