Las entidades dedicadas a la exhibición cinematográfica en la Argentina reclamaron al Gobierno Nacional que se declare de manera urgente el estado de emergencia del sector a raíz del cese de actividad, producto de la pandemia por COVID19 y pidieron a las autoridades que se hagan cargo del pago de salarios de los trabajadores de esa actividad (estimados en alrededor de 10.000) mientras dure una crisis que estiman que se extenderá hasta fines de 2020.
Plantearon en un comunicado la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM), la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos (Fadec) y la cadena Showcase, perteneciente al grupo estadounidense National Amusements. La primera agrupa a las grandes cadenas de cine que funcionan en el país (Cinemark-Hoyts, Cinépolis, Atlas y otras) y la segunda está integrada por unos 200 propietarios de cines medianos y chicos de todo el país.
Los empresarios calificaron la situación como «muy difícil» y estiman que el sector no podrá aguantar demasiado tiempo en las actuales condiciones si no se toman medidas de alivio, ya que la inactividad es absoluta.
Las salas de exhibición cinematográfica en todo el país están cerradas, no perciben ingresos y no tienen ninguna posibilidad de revertir esta situación en el mediano plazo», indica la declaración. Los empresarios vaticinan una «caída inminente» de la actividad para todo lo que resta de este año , por lo que las medidas reclamadas «deberán extenderse hasta el 31/12/2020.
Los reclamos incluyen pedidos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. A las primeras, además de reclamar que «el Ministerio de Trabajo o el organismo que corresponda» asuma el pago de los salarios caídos, también solicitaron la eximición de aportes y contribuciones de seguridad social «mientras dure la crisis del sector».
Entre los pedidos también figuran la eximición o diferimiento de los aportes impositivos (pago de Ganancias, impuesto al cine y reinscripción de actividad en el Incaa), un subsidio del 100% en las tarifas de servicios públicos (luz, gas, teléfono) a partir de marzo y hasta la reapertura de la actividad, la prohibición del corte eventual de esos servicios, la rebaja o diferimiento del pago de alquileres y la suspensión por 365 días del pago de comisiones bancarias y embargo en cuentas.
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